REFORMA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS MENORES

Repasada la reciente Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que, entre otras, ha supuesto modificar la ley de protección jurídica del menor, la ley de protección integral de las víctimas de violencia de género, la ley orgánica de extranjería y la ley de enjuiciamiento civil, observo que, aunque se ha dado un paso adelante en la defensa y protección de los menores, considero que este paso no ha sido lo suficientemente arriesgado.

Sí es cierto que se concretan conceptos jurídicos indeterminados que con anterioridad a la presente Ley quedaban completamente al arbitrio del juzgador de turno, como son el del “interés superior del menor” o el derecho del menor a ser oído y, ahora también, escuchado.

No obstante, en ámbitos tan esenciales como son las violencias que reciben en el ámbito familiar derivadas de la violencia de género, continúan con una cierta dependencia de que el Juzgador que corresponda esté más o menos sensibilizado con la cuestión y es que todavía nos encontramos con que la suspensión de la patria potestad, del régimen de visitas y comunicaciones y demás, sigue siendo potestad del Juzgador. Considero que un paso valiente hubiera sido establecer que cuando hay condena por violencia de género automáticamente se suspenden todos los derechos del padre derivados del ejercicio de la patria potestad, no así las obligaciones.

Y es que, bajo mi prisma, los derechos que nacen de las relaciones paternofiliales son derechos de los hijos y obligaciones de los padres, quedando los derechos de padres y madres vinculados al correcto ejercicio de sus obligaciones. Un padre que ha sido condenado por violencia contra su pareja o ex pareja es evidente que también está ejerciendo directamente violencia hacia sus hijos, o hacia los menores que con ellos conviven, y por consiguiente se ha de proteger directamente también a estos. ¿O es que tiene sentido fijar una orden de alejamiento hacia la mujer, pero sin embargo tener derecho a continuar ejerciendo una custodia compartida o un régimen de visitas? A mi entender, no.

Además se establece un seguimiento por parte de los Juzgados de las medidas de protección posteriores a la condena. Los que trabajamos en esto sabemos que los controles judiciales a dichas medidas son más bien escasos al ser que no disponen de suficientes medios para llevarlos a cabo (y en ocasiones que dichos medios no están suficientemente profesionalizados). Por tanto estas medidas resultarán, y ojalá me equivoque, completamente ineficaces en la mayoría de sus casos.

Una vez más considero que se ha perdido una oportunidad de oro para priorizar realmente los derechos de los menores, especialmente en relación a los malos tratos que derivan directamente de la violencia de género.
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